La Reforma a la Ley de Transporte Terrestre restringiría la operación de las aplicaciones que facilitan la movilidad

El desarrollo tecnológico y la innovación son dos pilares fundamentales de la sociedad actual. El aporte realizado por las empresas tecnológicas durante la pandemia del covid-19 para facilitar la movilidad de las personas y brindar el servicio de delivery permitió mantener a flote cientos de negocios y generar fuentes adicionales de ingresos para miles de familias que perdieron sus empleos.

El pasado 30 de abril, luego de más de tres años de debate, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. Celebramos que la ley haya incluido un artículo que finalmente reconozca el importante rol que juegan las plataformas digitales en la optimización de la movilidad en las ciudades.

Sin embargo, consideramos importante resaltar la naturaleza tecnológica de las plataformas digitales y su modelo de negocio colaborativo, basado en redes distribuidas de individuos y comunidades conectadas, y distinto a un modelo tradicional centralizado. Las plataformas tecnológicas de movilidad prestan el servicio de conectividad entre pasajeros y socio-conductores, siendo estos últimos libres de conectarse a la aplicación cuando lo deseen y proveer el servicio de manera independiente, sin sujeción a horarios, rutas, ni a la ejecución de órdenes.

En este sentido, estamos de acuerdo en que las plataformas digitales de movilidad constituyen un fenómeno que debe ser regulado, pero atendiendo sus particularidades. Es así que vemos con preocupación como el artículo 46 —que reforma el artículo 62 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial e incluye el artículo 62.a— restringe la operación de estas plataformas, pues dispone que estas no pueden aplicarse al transporte particular y además determina que la Agencia Nacional de Tránsito y los Gobiernos Autónomos Descentralizados metropolitanos y municipales regularán y autorizarán su funcionamiento, pero solo cuando pertenezcan a operadoras de transporte legalmente constituidas; creando, de esta manera, barreras injustificadas a la libertad de contratación, a la libertad de empresa, a la libertad de comercio, a la libre competencia y a la libertad de elección de los usuarios del transporte.

Por lo señalado, desde la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC), como gremio que agrupa a empresas líderes del sector de tecnología, solicitamos el veto parcial a la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.

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